21 diciembre 2020. Vigo se convierte en la ciudad más litigante de España en el tercer trimestre del año con la entrada de 12.947 casos en sus juzgados. Así lo indica un informe realizado por el Colegio de Procuradores de Vigo que analiza la situación judicial de la urbe en comparación con otras 9 ciudades españolas similares. Vigo se encuentra también entre las urbes con un mayor atasco judicial, solo por detrás de Bilbao y Alicante. Los casos sin resolver aumentan en el municipio un 15,8% en lo que va de año (enero – septiembre 2020) hasta los 22.268 asuntos.
Tras el parón provocado por la crisis del coronavirus, los juzgados se reactivan aunque todavía en niveles por debajo de 2019. En lo que va de año, los procuradores vigueses gestionaron 77.443 escritos, un 4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
El informe realizado por el Colegio de Procuradores de Vigo pone el foco en los juzgados de ciudades entre 250.000 y 350.000 habitantes. La urbe más litigante de España cuenta con una tasa de 4,4 asuntos ingresados por habitante, muy por encima de otras como Alicante, Córdoba, A Coruña o Bilbao que registran tasas de entre el 3,8 y 2,5.
El atasco en Vigo alcanza en cifras históricas, con 22.268 asuntos sin resolver, un 51,7% más que en 2017. El ritmo al que se acumula el atasco vigués, con un aumento del 15,8% en los primeros nueve meses del 2020 supera casi 7 puntos su evolución en Galicia, donde crece un 9,1%. El avance de los casos sin resolver entre enero y septiembre es del 11,7% en todo el territorio español.
“Somos la ciudad con más juzgados entre las de nuestro tamaño, resolvemos casos al mismo ritmo que el resto de España, pero el atasco no deja de crecer sin que la llegada de nuevos juzgados o medidas que lo palien. Debemos introducir nuevas fórmulas en el sistema judicial para agilizar su funcionamiento de forma real” explica José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo.
El Colegio de Procuradores de Vigo, siguiendo la iniciativa desarrollado por el Consejo de Procuradores de España, impulsa desde hace dos años la creación del procurador ejecutivo: un nuevo operador jurídico que sumaría 9.983 profesionales a la administración de Justicia para acelerarla sin coste para el estado. La propuesta sigue el modelo implantado en Portugal en la última década que ha permitido reducir ya al 50% los tiempos de resolución de casos.
El procurador ejecutivo sumaría a las funciones actuales de los procuradores la ejecución de embargos y diligencias, así como el acceso al punto neutro de información bajo control judicial. Para la puesta en marcha del nuevo operador tan solo sería necesaria una modificación legislativa que otorgue las nuevas funciones a los procuradores, que ya disponen de la experiencia y conocimientos para desarrollarlas.
La iniciativa ya ha sido trasladada por el colectivo a los representes de la provincia de Pontevedra en Congreso de los Diputados y ha sido aprobada en comisión parlamentaria como proposición no de ley en el Parlamento de Galicia.
