27.05.2022. Los procuradores de Vigo muestran su total rechazo al Real Decreto (RD) de Aranceles aprobado por el Gobierno a instancia del Ministerio de Justicia y emprenden acciones contra el mismo. Han enviado 115 cartas,  firmadas por el 80% de los procuradores, reprobando la actuación del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y pidiendo la dimisión de su ejecutiva por no haber logrado evitar la drástica reducción de sus honorarios profesionales que establece la nueva norma. El decano de los procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, solicitó además una visita urgente del presidente del CGPE a Vigo para pedirle explicaciones e intentar evitar la pérdida de poder adquisitivo de los procuradores, pero Juan Carlos Estévez la ha cancelado.

El Colegio Oficial de Procuradores de Vigo decidió tomar estas medidas en una asamblea extraordinaria. Se aprobó firmar masivamente cartas solicitando la dimisión del presidente y la actual junta directiva del CGPE, así como estudiar la posibilidad de recurrir el Real Decreto, sumándose a otros colegios de España para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo. A raíz de su preocupación por la aprobación de la nueva norma, los procuradores de Vigo también habían invitado al presidente del Consejo para poder preguntarle directamente sus planes para revertir la situación y su visión del futuro de la procura.

Anteriormente, el decano de los procuradores de Vigo ya había trasmitido al CGPE su decepción por cómo habían conducido desde el Consejo la oposición al Real Decreto. “Pero ahora que está aprobado solo nos queda reaccionar, así que antes de que desde el Colegio de Vigo valorásemos otras acciones, queríamos que el Consejo nos contase de primera mano las que se van a emprender para hacer frente a este atropello, pero el presidente ha cancelado su visita al recibir las cartas” resume el decano de Vigo.

El Real Decreto establece límites máximos en los aranceles en los que se basan los honorarios profesionales de los procuradores y no permite fijar un límite mínimo.  Estos honorarios permanecen congelados desde 2003 y no se han actualizado, mientras la inflación ha subido un 44,5%, por lo que consideran inasumible introducir ahora modificaciones a la baja sin aplicar previamente, como mínimo, una actualización basada en el IPC oficial.

Los procuradores opinan que con esta nueva ley, que reduce sus honorarios y compromete el futuro de la profesión, se pone en duda la garantía de la prestación de sus servicios con una mínima calidad y la cobertura de sus gastos de funcionamiento. Para José Antonio Fandiño, “comporta una desconsideración absoluta hacia la actividad de los procuradores y nos condena al cobro de unas cifras por nuestros servicios que no se adecúan a la realidad de los mismos, ni a su contenido y menos aún a sus costes».

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