25.02.2021. Las juntas de gobierno de 13 colegios de procuradores de España han firmado una carta y una propuesta que han dirigido al ministro de Justicia para solicitar un cambio legislativo urgente que garantice su derecho a la desconexión digital de los sistemas telemáticos (Lexnet, Vereda, Avantius)  durante al menos tres días en supuestos de fuerza mayor. Las diferentes plataformas oficiales de internet que el Ministerio de Justicia emplea en cada comunidad autónoma por la que los procuradores reciben y envían las notificaciones y documentos de los procesos judiciales en curso. Los procuradores consideran que el funcionamiento actual, que les obliga a estar operativos 24 horas y los 365 días del año conculca sus derechos laborales, profesionales y personales.

La iniciativa ha partido del colectivo de base de los procuradores, tras más de 4 años de funcionamiento de Lexnet, la herramienta de envíos más extendido entre los sistemas de Justicia autonómicos, sin que el Ministerio de Justicia haya regulado su funcionamiento ni plazos de respuesta, lo que obliga a estos profesionales a operar en cualquier día del año para que sus clientes no pierdan los plazos de presentación de pruebas o vistas en un juzgado.

La carta y la propuesta firmada por juntas de gobierno y procuradores independientes incluye, de momento, demandas de profesionales de los colegios de toda España, así como de los decanos de Zaragoza, Vigo, Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, León, Ourense, Lugo, Lorca, Cantabria, Cartagena, Tortosa y Elche.

La legislación vigente deja fuera a los procuradores que ejercen en España de las alternativas para ausentarse y cesar temporalmente su actividad por causas de fuerza mayor, como la defunción de un familiar cercano, enfermedad grave o el nacimiento de un hijo. La ley de Enjuiciamiento Civil contempla la suspensión de vistas y procesos en casos extraordinarios para los profesionales de la abogacía, pero no para los procuradores y procuradoras.

 

Propuesta de modificación legislativa

La petición de los procuradores llega tras el aumento de situaciones donde la conciliación de la vida laboral y personal ha supuesto un perjuicio para su actividad, debido a la actual situación sanitaria provocada por la crisis de la Covid en los últimos meses. El escrito fue dirigido ayer al ministro Juan Carlos Campo.

“Es preciso contar con alternativas reales para que como profesionales tengamos un margen mínimo para enfrentarnos a situaciones vitales de emergencia ante las que poder arbitrar las oportunas medidas a fin de garantizar, de un lado, el normal funcionamiento de nuestros despachos profesionales (mayoritariamente unipersonales) y del otro, la continuación del proceso sin menoscabo alguno de los derechos del justiciable” señala la carta firmada por los procuradores.

“Como trabajadores tenemos derecho a exigir a nuestros gobernantes que se incorpore en el texto legal la posibilidad de que cuando uno de nosotros se vea en circunstancias de fuerza mayor tenga una alternativa sencilla a la que agarrarse para afrontar momentos clave en la vida, en vez de tener que negociar la paralización de notificaciones una a una”, manifiestan los decanos que apoyan la iniciativa.

En España, ejercen la procura 9.769 profesionales que se podrían beneficiar de este cambio legislativo, de los cuales 6.542 son mujeres y 3.227 son hombres según los últimos datos (2019) del Consejo General del Procuradores de España.

 

 

 

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