16 marzo 2021. Los juzgados de Primera Instancia, aquellos a los que los ciudadanos acuden a resolver sus diferencias en el ámbito de lo civil, acumulan hasta septiembre de 2020 un total de 12.898 asuntos sin resolver según los datos del Consejo General del Poder Judicial: tres veces más que en 2015. Las 13 salas de Primera Instancia viguesas aportan ya el 55% del atasco judicial, 20 puntos más que en 2015 según un estudio elaborado por el Colegio de Procuradores de Vigo. La ciudad cierra el tercer trimestre de 2020 con el mayor número de casos sin resolver, con 22.268 asuntos atascados, casi el doble que hace un quinquenio.

Los profesionales de la procura de Vigo apoyan las reivindicaciones de los letrados de la administración de Justicia que demandan la creación de 2 nuevos juzgados de Primera Instancia en la ciudad para asumir la carga de trabajo, que “en 2019 superó en 44% los módulos recomendados” según indican los propios funcionarios en un escrito enviado al decano de los procuradores vigueses.

“Los juzgados de Primera Instancia son la parada judicial más cercana a los ciudadanos y es fundamental que su gestión sea rápida. La situación de los juzgados solo cambiará a través de una profunda reforma y la introducción de nuevos operarios judiciales, pero mientras el cambio no se produzca debemos contar todas las herramientas necesarias para que el atasco no siga creciendo” explica José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo.

Los procuradores de Vigo y siguiendo la iniciativa del Consejo General de Procuradores de España desarrollan desde hace dos años una plan para impulsar la creación de un nuevo operador jurídico, el procurador ejecutivo: un nuevo operador jurídico que sumaría 9.983 profesionales a la administración de Justicia para acelerarla sin coste para el estado. La propuesta sigue el modelo implantado en Portugal en la última década que ha permitido reducir ya al 50% los tiempos de resolución de casos.

El procurador ejecutivo sumaría a las funciones actuales de los procuradores la ejecución de embargos y diligencias, así como el acceso al punto neutro de información bajo control judicial. Para la puesta en marcha del nuevo operador tan solo sería necesaria una modificación legislativa que otorgue las nuevas funciones a los procuradores, que ya disponen de la experiencia y conocimientos para desarrollarlas.

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