20.05.2022 Los procuradores de Vigo han mostrado su total rechazo al Real Decreto (RD) de Aranceles aprobado por el Gobierno a instancia del Ministerio de Justicia y valoran enviar un centenar de cartas pidiendo la dimisión de la ejecutiva del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) por no haber logrado evitar la drástica reducción de sus honorarios profesionales que establece la nueva norma.

El Colegio Oficial de Procuradores de Vigo aprobó en una asamblea extraordinaria la posibilidad de recurrir el Real Decreto y firmar masivamente cartas solicitando la dimisión del presidente y la junta directiva actual del CGPE. El decano de los procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, ha solicitado además una visita urgente del presidente del CGPE a Vigo para intentar evitar la pérdida de poder adquisitivo de los procuradores.

El Colegio de Procuradores de Vigo también estudia sumarse a otros colegios para interponer un recurso frente al Real Decreto.

Anteriormente, el decano de los procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, ya había trasmitido al CGPE su decepción por cómo habían conducido desde el Consejo la oposición al Real Decreto. “Pero ahora que está aprobado solo nos queda reaccionar, así que antes de que desde el Colegio de Vigo valoremos otras acciones, queremos que el Consejo nos cuente de primera mano las que se van a emprender para hacer frente a este atropello” resume el decano de Vigo.

La nueva norma establece límites máximos en los aranceles en los que se basan los honorarios profesionales de los procuradores y no permite fijar un límite mínimo.  Estos honorarios permanecen congelados desde 2003 y no se han actualizado, mientras la inflación ha subido un 44,5%, por lo que consideran inasumible introducir ahora modificaciones a la baja sin aplicar previamente, como mínimo, una actualización basada en el IPC oficial.

Los procuradores opinan que con esta nueva ley se pone en duda la garantía de la prestación de sus servicios con una mínima calidad y la cobertura de sus gastos de funcionamiento. Para José Antonio Fandiño, “comporta una desconsideración absoluta hacia la actividad de los procuradores y nos condena al cobro de unas cifras por nuestros servicios que no se adecúan a la realidad de los mismos, ni a su contenido y menos aún a sus costes”.

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