7.04.2022. El Consello Galego dos Procuradores (CGP) expresa su rechazo y total disconformidad con el proyecto de real decreto propuesto por el Ministerio de Justicia y que introduce inasumibles rebajas en los aranceles en los que se basan los honorarios profesionales de los más de 750 procuradores y procuradoras que trabajamos en Galicia. El Consello Galego dos Procuradores está integrado por los 6 colegios profesionales de Galicia (Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra y Santiago de Compostela).

Los seis argumentos que exponemos los procuradores gallegos, al igual que ya han hecho nuestros colegas catalanes, son los siguientes:

  1. Los aranceles y honorarios de los procuradores están establecidos en el Real Decreto 1373/2003 del 7 de noviembre. En estos 19 años, los aranceles han permanecido congelados, cuando la inflación ha subido un 44,5% (de febrero 2003 a febrero 2022). Es inasumible introducir ahora modificaciones a la baja sin aplicar previamente, como mínimo, una actualización de los aranceles en base al IPC oficial.
  2. De seguir adelante, se pone en duda la garantía de la prestación del servicio del procurador con una mínima calidad y la cobertura de los gastos de funcionamiento de cualquier profesional. Los procuradores tenemos encomendadas funciones de colaboración con la Administración de Justicia que han de ser remuneradas con una retribución justa y respetuosa con los incrementos del coste de la vida y la constante introducción de nuevas tecnologías que nos vemos obligados a implantar.
  3. Los efectos de esa no actualización del arancel, sumados al establecimiento únicamente de un “importe máximo” (fijado en 2003 y no actualizado, a mayores de que consideramos que dicho importe iría totalmente en contra de la normativa europea sobre la libertad de prestación de servicios, que prohíbe las tarifas obligatorias, tanto máximas como mínimas) comportan una devaluación real de las cuantías y una desconsideración absoluta hacia la actividad de los procuradores, suprimiendo toda virtualidad de competencia y de libre fijación de precios y condenando a los procuradores al cobro de unas cifras por sus servicios profesionales que no se adecúan a la realidad de los mismos, ni a su contenido y menos aún a sus costes, que devienen imposibles de cubrir.
  4. Solicitamos la aprobación de una nueva regulación completa de los aranceles, que los reformule, tanto en lo que se refiere a sus rúbricas como en sus diversos conceptos, para que resulten adecuados a la realidad actual. Y lo sean con la debida consideración hacia los profesionales de la procura y hacia los ciudadanos, para que puedan recibir un adecuado servicio profesional.
  5. Proponemos que los aranceles que se aprueben pasen a tener una estructura diferente, indicando expresamente que los importes que resulten han de ser incluibles en las tasaciones de costas cuando resulten de actuaciones obligatorias por razón de la aplicación de la ley.
  6. Los procuradores gallegos consideramos que la mejor medida para agilizar y abaratar la Justicia española es la de implantar inmediatamente la figura del Procurador Ejecutivo, figura recomendada por el Consejo de Europa desde 2009, que, sin costo alguno para la Administración, permitirá una mejor tasa de resolución de los juicios y podría reducir el atasco judicial español a la mitad, como ya ha sucedido en Portugal o Francia con decisiones similares. El atasco judicial en Galicia ha alcanzado en 2021 la cifra más elevada en 8 años, con 156.027 casos pendientes de ejecución. En España, la cifra de asuntos atascados ha alcanzado los 3,1 millones de casos, la más elevada en 10 años, con un promedio de 41 meses para la finalización de las ejecuciones.

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