13 de abril 2020. Los procuradores de Vigo apuestan por la reactivación inmediata de la Justicia por vía telemática para la gestión de los casos pendientes y la creación de un nuevo operador jurídico, el procurador ejecutivo, como antídotos para ampliar la capacidad de gestión y agilidad de la Justicia tras la crisis del coronavirus.
El Colegio de Procuradores de Vigo lanza el Manifiesto por la agilidad de la Justicia, un panel de propuestas de cambio para aumentar la eficiencia en la gestión de asuntos ante el colapso estructural que sufren los juzgados y que se verá acrecentado tras la paralización de su funcionamiento durante el estado de alarma. Hasta finales de 2019, los juzgados españoles acumulaban más de 2 millones de asuntos sin resolver, 20.083 de ellos en Vigo, según datos del Consejo General del Poder Judicial. El manifiesto puede consultarse aquí.
Entre las propuestas impulsadas por los procuradores de Vigo está la utilización de Lexnet como una herramienta de teletrabajo por parte de todos los profesionales de la Justicia para poner al día los asuntos pendientes en los juzgados, así como la supresión de tiempos muertos con el inicio de todos los plazos en el momento que los procuradores de las partes implicadas en un litigio se trasladan la información.
“La Justicia es un servicio básico que, al igual la medicina o la educación, debe mantener su actividad incluso en los momentos más difíciles. Es responsabilidad de todos los operadores jurídicos proponer y apoyar los cambios necesarios para que acabar con el colapso endémico que sufren los juzgados y que se garantice una Justicia ágil al servicio de todos los ciudadanos” explica José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo.
El procurador ejecutivo
Entre 2014 y 2019, los asuntos sin resolver en los juzgados españoles crecieron un 9,7%, a la vez que descendía un 28,2% la entrada de nuevos casos según el informe La Justicia en Vigo del Colegio de Procuradores de Vigo.
Para dotar de agilidad a la Justicia, los profesionales proponen la creación de la figura del procurador ejecutivo. El procurador ejecutivo incorporaría a las actuales funciones de los profesionales de la procura, la ejecución de embargos y diligencias, así como el acceso al punto neutro judicial para la averiguación de bienes o la entrega de todas las notificaciones bajo control judicial. La medida aportaría, sin costes públicos adicionales, a las tramitaciones judiciales a un total de 10.148 profesionales de la procura en España, de los que 739 están colegiados en Galicia.
El procurador ejecutivo sigue el ejemplo de los solicitadores, figura creada en 2003 en Portugal para resolver el atasco de ejecuciones pendientes. La nueva figura ha permitido reducir a la mitad el tiempo de resolución de los juzgados civiles y mercantiles lusos entre 2010 y 2016.
Entre las propuestas se incluye también el desarrollo de todos los actos de comunicación de forma obligatoria por parte de los procuradores, o la desaparición de los órganos uniprovinciales especializados en clausulas suelo.
