4 de agosto de 2020. Los procuradores de Vigo gestionaron en el mes de julio 8.890 escritos, un 21% más que en el mismo mes de 2019, y 45.220 notificaciones, un 25,8% más que el pasado año. El número de escritos de trámites en Galicia aumentó un 15,8% en el séptimo mes del año, pasando de 75.000 a 89.000, según los últimos datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), lo que indica que el ritmo de la actividad judicial en Vigo es un 5% superior que la actividad a nivel autonómico.

La actividad en los juzgados vigueses y los partidos judiciales bajo su influencia ascendió un 57,2% en comparación con junio, coincidiendo con la entrada de Galicia en la nueva normalidad. Durante el estado de alarma la actividad llegó a estar limitada solo a las tramitaciones urgentes, lo que produjo una caída de la vida judicial al 3% de su funcionamiento habitual. Durante el primer mes de actividad al completo de la nueva realidad –desde que el pasado 4 de junio se produjera el levantamiento de los plazos procesales–, la actividad judicial recuperó las cifras de tramitación del mes de febrero, regresando a su pulso habitual. Durante el pasado año, los procuradores gestionaron, de media, 7.493 escritos al mes.

A pesar del aumento en el ingreso de escritos y notificaciones en los juzgados, Vigo es la ciudad española entre las de su tamaño que más asuntos ingresa por ciudadano, con 18,54 asuntos por cada 100 habitantes en 2019. La mayor urbe de Galicia cuenta con 20.083 asuntos en trámite a cierre del pasado año, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial. Con 54.761 asuntos ingresados, Vigo se sitúa a la cabeza de las ciudades españolas de entre 250.000 y 350.000 habitantes con más pleitos judiciales ingresados en sus juzgados.

Medidas para agilizar la Justicia tras la Covid-19

 Ante la delicada situación en la que se encuentra la administración de Justicia tras la pandemia del coronavirus, el Colegio de Procuradores de Vigo ha lanzado numerosas iniciativas para reactivar la justicia, como el Manifiesto por la agilidad de la Justicia, un panel de propuestas de cambio activado en mayo para aumentar la eficiencia en la gestión de asuntos ante el colapso estructural de los juzgados, entre las que se encuentra la creación de la figura del procurador ejecutivo –un nuevo operador jurídico que incorporaría a las actuales funciones de los profesionales de la procura–, la ejecución de embargos y diligencias, así como la averiguación de bienes o entrega de notificaciones bajo control judicial. De aplicarse esta medida, que no conlleva costes públicos adicionales, aportaría a las tramitaciones judiciales a un total de 10.148 profesionales de la procura en España, de los que 739 están colegiados en Galicia.

Otra de las medidas clave que ha permitido el envío paulatino de escritos para evitar el colapso de la administración de justicia ha sido el acuerdo firmado entre procuradores y abogados, una iniciativa apoyada por el TSXG. A estas propuestas hay que sumar las iniciativas de la Justicia sin contacto, un documento que recoge un paquete de medidas procesales para retomar la actividad reduciendo el contacto físico de los profesionales en las sedes judiciales, además de la implantación del sistema de turnos para el acceso a las instalaciones que permite centralizar en los Colegios el traslado de copias entre las partes.

 

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